Según informó el Gobierno riojano, el protocolo, validado en el mes de junio de 2017 ante la Comisión Institucional de Protección a las Víctimas de Violencia Sexual, trata de ofrecer una respuesta rápida y coordinada por parte de todos los agentes públicos implicados en la atención de este tipo de casos, y de elevar la protección del menor durante el proceso judicial para impedir que se produzca una victimización secundaria.

El protocolo implica la formación de los profesionales que van a tener contacto directo con la víctima para evitar, por un lado, repeticiones innecesarias que agraven su condición como tal, y por otro, que se pueda contaminar su declaración. Por ello, el Instituto de Medicina Legal es la unidad valoradora del testimonio del menor.

Los profesionales de los ámbitos de Salud, Educación, Servicios Sociales, Justicia e Interior, o bien de la Policía que sospechen que un menor es víctima de abusos sexuales deberán seguir tres itinerarios de actuación posibles.

Cuando el nivel de probabilidad de que se esté produciendo un caso sea bajo o medio, los detectores de la situación realizarán una observación interna durante siete días en los que recogerán datos y tratarán de verificar indicios. Si mantienen su sospecha deberán notificar el caso a la Fiscalía.

Cuando el nivel de probabilidad de que se esté produciendo un caso sea alto, se notificará de forma inmediata a la Fiscalía. Por último, en caso de evidencia física, se llevará a la víctima a Urgencias Sanitarias de forma inmediata y se notificará a la Fiscalía.