Según informaron fuentes gibernamentales, el Ejecutivo considera que Torrent está obligado a atender las peticiones formuladas por varios grupos del Parlamento para suspender la sesión en la que está prevista la segunda votación de investidura. La situación procesal del candidato, argumenta, "hace imposible que se celebre un pleno con garantías", una circunstancia sobre la que ya existe doctrina del Tribunal Constitucional y sobre la que tambien se han pronunciado los propios letrados de la Cámara autonómica.

El Gobierno asegura que seguirá velando, como hasta ahora, por el cumplimiento de la ley y estudia las acciones oportunas a adoptar si finalmente Torrent mantiene una sesión parlamentaria contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional y al propio Reglamento del Parlament.