La responsable del sector de Hostelería del sindicato, Sheila Encina, explicó que los precios máximos exigidos para la contratación del servicio están “muy por debajo de los índices del mercado”. Encina señaló otras exigencias, tales como la existencia de diferentes menús según la estación del año o la ampliación de la jornada laboral cuando hay Pleno en el Congreso.

Estas medidas, según Encina, “afectan a las condiciones laborales de los trabajadores, las devalúa y precariza el empleo”. Otro derecho vulnerado, tal y como explicó Encina, es el de huelga. Esto se debe a que este servicio de cafetería “está considerado como esencial, cuando la hostelería no está establecida como tal”. “No estamos hablando de niños, ancianos o enfermos”, matizó Encina, quien considera esta situación como “inadmisible” y “un atentado contra la clase trabajadora en general”.

Por su parte el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, José María Martínez, lamentó que “una licitación como esta, que debería ser modélica, es justo lo contrario”. Para Martínez, se trata de un caso “muy insensible con la situación social”, por ejemplo con la prevención del consumo de alcohol (dicha cafetería ofrece bebidas alcohólicas, pese a la prohibición de consumirlas en horas de trabajo).

La solución que propone el sindicato pasa por emular a la Comunidad Valenciana e incluir ciertas cláusulas laborales en los pliegos técnicos de la contratación. Entre esas cláusulas destaca la obligación para el licitador de indicar el convenio sectorial de referencia que se aplicará a los trabajadores, así como el establecimiento de una plantilla mínima (detallando trabajadores y número de horas) para la correcta prestación de los servicios.