Esos tres grupos rechazaron la toma en consideración de una proposición de ley registrada el pasado 25 de octubre, coincidiendo con el 40 aniversario de la aprobación de aquella norma, que cuenta con las firmas de Podemos, sus confluencias, ERC, PNV, PDECat, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias.

Al defender la iniciativa, la portavoz de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, subrayó que la proposición "llega tarde pero es la única vía" para saldar la deuda de la democracia española con las víctimas del franquismo. Subrayó que el relator de la ONU alertó de que los efectos de esa ley son "incompatibles con los compromisos adquiridos por España" y su contenido acabó cumpliendo la función de una "ley de punto final" que permite archivar prácticamente todos los casos que llegan ante los jueces.

Beitialarrangoitia exhibió un mapa con las miles de fosas en las que hay desaparecidos, y exigió medidas que garanticen "verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición". De hecho, se dirigió a quienes aprobaron la ley de víctimas del terrorismo para pedir "la misma premura y contundencia" para las víctimas de la dictadura, que siguen "ninguneadas y totalmente marginadas".

Se dirigió a los escaños del PSOE para pedir a sus diputados que no se fijen en ella, que solo tenía siete años cuando murió Franco, sino en los socialistas que combatieron y sufrieron la dictadura. Son aceptables las dudas sobre la forma más adecuada de acabar con la impunidad, pero argumentar inseguridad jurídica o defectos de forma en la propuesta es "echar más tierra sobre las fosas".

"IMPUNIDAD" EN ESPAÑA

En nombre de ERC, Joan Tardà aseguró que los republicanos catalanes contemplan la negativa del PSOE "llenos de indignación pero más de tristeza" porque se trata de la "penúltima oportunidad" de revertir esa ley antes de que la correlación de fuerzas parlamentarias sea más conservadora.

Subrayó que todas las sociedades del entorno con pasados dictatoriales han buscado la forma de "resolver y metabolizar" esa experiencia pensando en las generaciones presentes y futuras, pero la "impunidad" en España es un caso anómalo.

Tardà recordó que el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reclamó a los grupos la designación de expertos para analizar el futuro del Valle de los Caídos, pero pasaron los meses sin avanzar y finalmente la victoria del PP llegó antes de que hubiera unas conclusiones que hubieran tenido que ser asumidas por el nuevo Gobierno. "Existe riesgo de que esto ocurra", alertó. "Con ustedes las víctimas tienen alguna esperanza", dijo a los socialistas, "pero con ellos ninguna", añadió en referencia al PP y Ciudadanos.

En nombre del PNV, Joseba Agirretxea, defendió la modificación para que los tribunales no puedan hacer "caso omiso" a las reclamaciones que les llegan. "Rescatemos de la indiferencia la dignidad y la necesidad de responder a una asingatura pendiente de esta democracia", proclamó.

"REESCRIBIR LA HISTORIA"

Ignacio Prendes, de Ciudadanos, recordó palabras del histórico dirigente del PCE Marcelino Camacho cuando se aprobó la Ley de Amnistía para criticar un "ejercicio de reescritura de la Historia realmente increíble" y para alertar de que su partido no contribuirá a "desandar ese camino que tanto esfuerzo y tanta generosidad costó".

Apeló también al manifiesto por la reconciliación nacional presentado en su día por Jorge Semprún, en el que se convertía en un único sujeto a los hijos de los vencidos y a los de los vencedores, un espíritu recogido después por Camacho y por otros. "Amnistía no es amnesia", aseguró, convencido de que aquella norma "no fue un pacto de olvido" sino precisamente de recuerdo, aunque se pueda admitir "que unos pusieron más generosidad que otros".

Yolanda Díaz, de Unidos Podemos, dijo a Prendes que ella conoció en su propia casa a Marcelino Camacho, que defendió la Ley de Amnistía en su aprobación pero "murió pidiendo que se reformara" porque décadas después se había convertido "en una ley de punto final, en un escudo para no investigar" los crímenes cometidos por el franquismo y había generado "cuarenta años de tristeza, de mentiras y de amnesias".

Camacho,a seguró Yolanda Díaz, nunca pensó que los tribunales pudieran vulnerar el artículo 10 de la Constitución, según el cual las leyes deben ser interpretadas de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales suscritos por España. Reclamó por ello "un país sin miedo que reescriba la Historia de verdad" y que permita pasar página del franquismo, algo imposible con muertos en las cunetas y con víctimas que no puedan superar su duelo y descansar en paz.

Gregorio Cámara, del PSOE, se remitió a la idea de reconociliación nacional defendida por Marcos Ana, a quien esa ley le permitió conmutar su condena a muerte por treinta años de cárcel. A quienes lucharon contra el franquismo, dijo, "nunca nadie podrá hacernos creer que esa ley fue imposición de la élite franquista" y fruto de la debilidad de la oposición política de izquierdas.

Cámara se preguntó qué ocurriría si quedara "por completo desarticulada" una ley que fue uno de los grandes pilares de la transición a la democracia y se aplicaran normas penales con carácter retroactivo, algo que afectaría a la seguridad jurídica. La apuesta del PSOE, argumentó, es modificar la Ley de Memoria Histórica para incluir "nuevas medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia" durante el franquismo.

Miguel Lorenzo, del PP, pidió a EH Bildu una condena al terrorismo de ETA como la que expresan por los crímenes de la dictadura, y aseguró que el debate no aportó "ninguna fundamentación jurídica". Si se derogara la Ley de Amnistía, afirmó, "no ocurriría nada" porque hay otras normas que impiden enjuiciar a responsables de crímenes durante la dictadura. Pidió por ello a esos partidos que no "jueguen con los sentimientos" de las víctimas diciéndoles que es posible perseguir y enjuiciar a responsables de la dictadura, y alertó de que buscar soluciones implica no recordar "con rencor y con odio".