Así se recoge en el ‘Informe Anual 2017’ del Defensor del Pueblo, publicado este lunes y que fue presentado en el Congreso de los Diputados.

La institución recuerda que inició una actuación de oficio ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ante el Banco de España tras conocerse la compra del Popular por parte del Banco Santander por un euro.

El objetivo del Defensor del Pueblo era conocer cómo la CNMV y el Banco de España habían ejercido sus funciones de supervisión e inspección.

En esta línea, subraya que el Banco de España colabora con el Banco Central Europeo (BCE) en la remisión de información y en la supervisión.

A juicio del Defensor del Pueblo, el control preventivo “ha resultado ineficaz para garantizar la transparencia y los derechos de los inversores, puesto que no se detectaron los problemas que llevaron nada menos que a la resolución de Banco Popular”.

Además, constata que la falta de información ha generado “indefensión” a los accionistas minoritarios y a los titulares de deuda subordinada, por lo que se ha formulado una Recomendación a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa para que se inste a Banco Santander a valorar la posibilidad de facilitar una solución extrajudicial a los accionistas minoristas y a los titulares de deuda subordinada.