Así se refleja en el 'Informe 2017' del Defensor del Pueblo, que fue presentado este lunes por el responsable en funciones de esta institución, Francisco Fernández Marugán.

En este informe se han analizado los datos de aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana correspondientes a 2016, el primer año en que estuvo en vigor esta norma, que se aprobó en las Cortes la pasada legislatura a propuesta del PP.

A este respecto, el Defensor del Pueblo explica en su memoria que ha hecho “varias recomendaciones” al Ministerio del Interior y a las autonomías con competencias en seguridad para que hagan una interpretación de la ley de 2015 que sea “más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales de reunión y manifestación y libertad de expresión”.

ACCIONES CONTRAS LOS AGENTES

Al mismo tiempo, los datos recopilados por el organismo que dirige Fernández Marugán indican que las sanciones más numerosas en el primer año de aplicación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana son las referidas a “la desobediencia o la resistencia a la autoridad” y “faltas de respeto y consideración” a las Fuerzas de Seguridad.

En este sentido, la “la desobediencia o la resistencia a la autoridad”, contenida en el artículo 36.6 de la ley de 2015, llevó a incoar 10.267 expedientes -cinco en el curso de una manifestación-, de los cuales 6.658 finalizaron con sanción -cinco en el curso de una marcha-.

Respecto a las “faltas de respeto y consideración” a los cuerpos policiales, contenidas en el artículo 37.4, dieron lugar a incoación de 16.033 expedientes -uno en el curso de una protesta-, de los cuales 10.557 terminaron con sanción -uno en el curso de una manifestación.

SANCIONES SOBRE PROTESTAS

En cuanto al uso “no autorizado de imágenes o datos personales” de las Fuerzas de Seguridad, se incoaron 34 expedientes, ninguno en una manifestación, aunque esta información no incluye la estadística de la Comunidad de Madrid. De estas actuaciones, 20 terminaron con sanción.

Respecto al “incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público”, del artículo 37.3, se abrieron 57 expedientes, de los cuales 48 terminaron en sanción.

Por lo que se refiere a los que causan “desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos”, del artículo 36.3, se incoaron 5.061 expedientes, seis en manifestación y sin disponerse de los datos de la Comunidad de Madrid. De estas actuaciones, 3.300 terminaron con sanción, de las que tres fueron en manifestaciones.

El informe también refleja que no se abrió ningún expediente por "perturbación grave" de la seguridad frente a las Cortes o parlamentos autonómicos mientras estaban reunidos. Tampoco se abrió ninguno por la negativa a disolver reuniones o manifestaciones en determinados supuestos.