Según precisó en rueda de prensa en la Cámara Baja, la derogación de este artículo no supondría “ningún tipo de desprotección” a las víctimas del terrorismo, porque en esta iniciativa también plantean la modificación de la agravante cuarta del artículo 22 del Código Penal, que quedaría redactado así: “Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad, o por razón de ser víctima del terrorismo”.

Izquierda Unida explica en la proposición que el artículo 578 del Código Penal nació en el año 2000 como fruto de un pacto de Estado entre PP y PSOE, “en un momento de extrema violencia” perpetrada por ETA, y que se “endureció” en 2015 en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. También recoge que “no ha sido hasta el año 2011, justamente cuando ETA declaró el cese de su criminal actividad, cuando comenzaron a perseguirse estos delitos y, desde entonces, se han multiplicado estos casos”.

Garzón recordó el informe de marzo de este año de Amnistía Internacional, en el que “solicita la derogación” del artículo 578 y cifra en cerca de 70 los casos de condenados por este delito en los dos últimos años. “Consideramos que este artículo es demasiado ambiguo y permite una utilización irresponsable e irracional por parte de determinados jueces en determinados casos”, apuntó Garzón en referencia a las "víctimas" de este articulado, como la tuitera Cassandra Vera o el rapero Valtonyc.

AUTOCENSURA Y MIEDO

Lamentó, además, el “clima de autocensura” que a su juicio se ha instalado en la sociedad española “como consecuencia del conocimiento público de estas sanciones” y denunció que exista actualmente “miedo” a ejercer “una crítica política legítima”.

Indicó que esta proposición también plantea la derogación de aquellos artículos del Código Penal que consideran “anacrónicos u obsoletos”, como el 525 (delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público); 490.3 y 491 (delitos contra la Corona); 543 (ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas), y el 504 (injurias a las instituciones del Estado, como puede ser el Gobierno).

Por otro lado, proponen la modificación del artículo 510 del Código Penal, que tipifica los denominados delitos de odio, con una redacción “que determine con claridad cuál es la conducta punible”.

Lo que se pretende con esta iniciativa, explicó Garzón, es “homologar nuestro Código Penal a lo que es la normativa internacional de respeto de derechos humanos” para que no haya sentencias como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de esta semana en la que se condena al Estado español por imponer pena de prisión a dos personas que quemaron fotos de los Reyes en 2007, al considerarlo libertad de expresión.

Esta iniciativa, que la presenta Garzón como uno de los portavoces de IU dentro del Grupo Confederal de Unidos Podemos y que apoya el partido de Iglesias, ya la defendió el partido morado. De hecho, en marzo de 2017 su portavoz, Irene Montero, defendió revisar la redacción "ambigua" del delito de enaltecimiento del terrorismo y dijo que el artículo 578 “pone en riesgo un derecho constitucional consagrado como es el derecho a la libertad de expresión”. Esperan acercar también a esta iniciativa al Partido Socialista.