El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, que disponen de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.

La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto, que el Tribunal resolverá una vez que esté concluso el proceso. La norma ha entrado en vigor el día 9 de este mismo mes.

La puesta en marcha de la nueva normativa de contratos públicos impuesta por la directiva europea obligará a todas las administraciones a hacer público y abierto a todas las empresas cualquier encargo de más de 15.000 euros en servicios y 50.000 en obras. Además, también podrán pagar directamente a las subcontratas de las adjudicatarias.