En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta respondió así a la providencia abierta por la Audiencia Nacional ante la posibilidad de que dicha medida pueda ser inconstitucional y que se encuentra actualmente en periodo de alegaciones.

Por ello, explicó que la Abogacía del Estado defenderá el punto de vista del Gobierno que “mantiene que el ajuste salarial es una medida legal, pese a que supone una modificación del acuerdo firmado con los sindicatos el 29 de septiembre de 2009”.

A este respecto, señaló que la medida está avalada por el Estatuto Básico de la Función Pública que prevé expresamente la posibilidad de modificar los pactos y acuerdos por causas graves de interés público.

“Es una medida excepcional por razones de interés público, al haber cambiado la situación económica”, prosiguió De la Vega, que recordó que “muchos países han tomado medidas similares”.

Por último, destacó que “se trata de un ajuste provisional y temporal de los sueldos por responsabilidad y para garantizar la viabilidad de nuestro modelo de protección social en un momento de especial dificultad”.