Durante su intervención en las jornadas de trabajo que celebra el Grupo Popular Europeo en Valencia, la ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales cargó contra los movimientos que pretenden cuestionar el proyecto europeo y los valores de la libertad, la solidaridad y la igualdad de oportunidades.

La Unión Europea, dijo, es el mayor modelo de paz, libertades, democracia, igualdad y respeto al Estado de Derecho. “Creámonoslo”, solicitó, alegando que “no hay nada más serio y solvente” que la defensa de derechos en el seno de este proyecto que tiene como base de pasado, presente y futuro “no levantar nunca más fronteras entre los europeos”.

Tras reconocer que los últimos años han sido “difíciles” para el europeísmo, la ‘número dos’ de Mariano Rajoy en La Moncloa celebró que España siga siendo un país “profundamente europeísta en la práctica totalidad de su espectro político” en un momento en el que se han generado “profundos movimientos disgregadores” que abogan por “cercar aldeas”.

En este momento en el que Europa “vuelve a crecer con fuerza”, llamó a los populares europeos a aprovechar el contexto económico favorable para seguir avanzando en las reformas que consolidan este crecimiento, en la creación de puestos de trabajo y en mejorar los derechos y oportunidades de los ciudadanos a través de “la verdadera igualdad”.

“Todo ello pasa sin ningún género de duda por la estabilidad del proyecto europeo”, sentenció la vicepresidenta del Gobierno, para quien un elemento “clave” en este momento es avanzar hacia un mercado único digital para adaptar el proyecto a las necesidades y retos del futuro.

En su opinión, España debe aspirar a liderar una revolución en el plano tecnológico y explicó que por ello se está diseñando un plan de transformación digital de la economía española. En este sentido, reconoció que hay que trabajar contra la “brecha importante” en el plano digital.

En este sentido, abundó en la importancia de “reforzar la ciberseguridad” en la UE y los países miembros, teniendo en cuenta que los ataques informáticos cuestan a la economía mundial “unos 40.000 millones de euros cada año”.

“Uno de los objetivos tiene que ser incidir en la cultura de la ciberseguridad”, remarcó Sáenz de Santamaría, esgrimiendo que la ciudadanía digital ha de estar regida por los derechos digitales. “España defiende un ciberespacio libre, abierto y seguro y consideramos que las amenazas a ese ciberespacio son un resigo para la paz y seguridad que tanto nos preocupa”, remachó.