Tras la reunión que mantuvieron representantes sindicales con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, durante casi seis horas, el coordinador del Área Pública de CCOO, Pepe Fernández, señaló que en el encuentro se ha completado el documento referido a empleo y en el que “se mejora de una forma sustancial” lo relativo a la tasa de reposición y a la creación de empleo neto.

También se ha avanzado en el texto sobre las condiciones de trabajo y ya “hay un principio que permite la recuperación de la negociación colectiva y cuestiones tan importantes como es la recuperación del 100% en los casos de incapacidad temporal”.

En materia salarial, Fernández apuntó que el Gobierno ha “mejorado” la propuesta que les presentó en septiembre para subir el salario hasta el 8% en tres años, con una parte fija del 5,25% y otra vinculada a los objetivos de crecimiento del PIB y reducción del déficit. La parte fija se repartiría con un 1,5% en 2018, un 1,75% en 2019 y un 2% en 2020.

El representante de CCOO precisó que este viernes tendrá lugar una nueva reunión en la que se revisarán todos los documentos y habrá una discusión sobre el preámbulo que tiene que contener el “posible acuerdo que debe ser ratificado por las organizaciones sindicales el propio viernes”.

Ademas, la secretaria de Políticas Públicas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Miriam Pinillos, declaró a Servimedia que ese preámbulo es “la declaración de intenciones” y aunque “estamos en la recta final” y “cerca” del acuerdo, no significa que sea “el final”.

“Esperemos que el mismo viernes” se pueda concluir el pacto con el Gobierno, señaló.

Por su parte, fuentes de UGT indicaron que ha habido "avances muy significativos" en materia salarial y esperan que el viernes se "maticen los últimos detalles".

El Gobierno quiere llegar a un acuerdo a mediados de mes, ya que tiene previsto presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 el 23 de marzo. Si finalmente no los aprobara, la subida salarial de los funcionarios y los acuerdos referidos al empleo público saldrían adelante vía real decreto