De la Serna hizo este anuncio con motivo de una pregunta de la senadora de Podemos Vicenta Jiménez, quien le pidió conocer el coste de este proceso y si permitirá que las empresas que gestionaban estas autopistas se puedan hacer de nuevo con ellas tras la nueva licitación.

El ministro, que no respondió a ninguna de estas dos cuestiones, defendió que el objetivo de esa nueva licitación es “minorar” el impacto económico de la reversión al Estado de esas infraestructuras y recordó que generarán entre 700 y 1.000 millones. Además, destacó que esos 250 millones que ya han sido incautados han sido traspasados al tesoro público.

Por último, aseguró que en este proceso “no hay voluntad política del Gobierno”. ya que se trata de “un proceso de liquidación judicial que da lugar, por ley, a la reversión al titular del bien”.

Jiménez denunció que este proceso forma parte del “modus operandi del PP, consistente en socializar las pérdidas y privatizar las ganancias” y advirtió de que “la ciudadanía está harta de pagar los negocios ruinosos de los amigos del PP”.