Garrido explicó que en la actualidad la Comunidad de Madrid cuenta con 21 partidos judiciales con 71 sedes, que albergan los 538 órganos judiciales existentes en la región y señaló que junto al mantenimiento ordinario, estas sedes necesitan una importante inversión en obras de mejora y ampliación.

Manifestó que esta es una de las prioridades recogidas en el plan de choque para las infraestructuras judiciales impulsado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno y que, este año 2018, cuenta con un presupuesto de 19,7 millones de euros, lo que supone casi triplicar las cifras del año pasado.

Este acuerdo marco, afirmó, que se firmará con una única empresa, permitirá realizar las obras necesarias en las sedes judiciales con mayor rapidez y eficacia, optimizando los recursos propios y agilizando la realización de los contratos de obra necesarios a lo largo del actual ejercicio 2018.

El acuerdo recoge los requisitos, condiciones y precios unitarios a los que deben sujetarse los contratos que se deriven del mismo para las obras que se acometan en los edificios judiciales, con independencia de que éstos sean propiedad de la Comunidad de Madrid o se ocupen en régimen de alquiler; para los trabajos en las instalaciones de calefacción, climatización, eléctricas, de fontanería o saneamiento; o para todas las actuaciones relacionadas con garantizar la accesibilidad de las sedes judiciales.

En los criterios para la adjudicación del acuerdo marco se tendrán en cuenta, además del factor precio (que tiene un peso de 70 puntos sobre 100), otros elementos, como los tiempos de respuesta en el caso de actuaciones urgentes; la plantilla de personal técnico responsable asignada, con dedicación exclusiva y experiencia en trabajos similares; o los medios asignados al retén para actuaciones urgentes.