Así lo recoge Greenpeace en un informe titulado ‘Cinco años de permisividad con el comercio de madera ilegal en España’, donde analiza y evalúa la aplicación del Reglamento europeo de la madera (EUTR, por sus siglas en inglés), una norma de obligado cumplimiento en todos los países de la UE que contribuye a evitar las amenazas a las poblaciones indígenas, la degradación de los bosques, la pérdida de biodiversidad y el agravamiento del cambio climático.

La conclusión del informe es que la “desidia” de las administraciones públicas en la aplicación de esa normativa ha contribuido a que reine “la sensación de impunidad” entre los importadores de productos forestales.

El reglamento, aprobado en 2010 y que entró en vigor el 3 de marzo de 2013, establece las obligaciones de las empresas que comercializan productos forestales para evitar la entada en la UE de madera procedente de talas ilegales.

“La primera y dolorosa constatación es que nuestros responsables políticos han decidido no asumir su responsabilidad en la lucha contra la tala ilegal”, sentenció el responsable de la campaña de bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, quien aseguró que las administraciones públicas españolas tienden a “minimizar” esta situación, “cuando no a negar directamente su existencia”.

DELITO MEDIOAMBIENTAL

La tala ilegal fue el año pasado el primer delito medioambiental a escala global, según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (Pnuma). Sólo en 2016 movió entre 50.700 y 152.000 millones de dólares, frente a los 30.000 y 100.000 millones de 2014.

Además, supone entre el 50% y el 90% del conjunto de actividades forestales en zonas forestales tropicales que son productoras clave. Un 30% de la madera que se comercializa en el mundo es de origen ilegal.

Greenpeace indica en el informe que en cinco años de aplicación de la norma europea tan sólo se ha impuesto una medida correctiva a una empresa por insuficiencias en las obligaciones requeridas por el reglamento, una situación propiciada por la dejadez tanto del Gobierno central como de las administraciones autonómicas.

El informe indica que España tardó tres años en adaptar el Reglamento EUTR al marco jurídico estatal y un poco menos en tener un régimen sancionador en la reforma de la Ley de Montes de 2015.

Además, hay “una alarmante falta de información y opacidad” por parte de las administraciones públicas porque actualmente no es posible conocer el número de controles realizados a las empresas, los expedientes abiertos o las medidas correctoras impuestas por incumplir los requerimientos del Reglamento EUTR.

“Hay una grave política de silencio por parte de las autoridades competentes del estado español. Mientras, en otros países de la UE, por los mismos casos denunciados por Greenpeace las autoridades abren expedientes, los hacen públicos y anuncian medidas sancionadoras contra los operadores que han incumplido sus obligaciones”, apostilla.

Como único dato positivo, Greenpeace destaca la decisión tomada por la Generalitat de Catalua de proceder a la adopción de medidas correctoras a una empresa importadora de madera de teca de Myanmar (Birmania)´, de manera que hasta que la compañía no implemente medidas adicionales de reducción del riesgo y acredite su cumplimento, las autoridades le han prohibido temporalmente el comercio de madera y de productos de la madera procedente de este país asiático.

“Al ritmo que vamos, las multas y la incautación de madera previstas en el régimen sancionador de la Ley de Montes van a tardar en ser aplicadas, si es que llegan a ser aplicadas alguna vez”, criticó Soto.