Según informaron fuentes oficiales, el departamento dirigido por Raúl Romeva manejó en 2017 un presupuesto que contó con 62 millones de euros para todo el año, de los que 35 millones se dedicaron a gastos corrientes, mientras que 27 millones se dedicaron a la internacionalización del ‘procés’.

Esta cifra contrasta con la que esta consejería manejaba en el año 2011 y que se situaba entre los 11 y los 12 millones de euros.

El Gobierno ha desmontado todo el soporte internacional en que apoyaba el proceso independentista gracias a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El pasado 27 de octubre el Senado dio luz verde al acuerdo para aplicar el artículo 155 de la Constitución para frenar el proceso independentista en Cataluña.

A través de la aplicación de ese precepto constitucional, el Gobierno ordenó, entre otras medidas, el cierre de las oficinas que la Generalitat de Cataluña tenía en el extranjero, salvo la de Bruselas ante la Unión Europea, aunque decidió la destitución de su delegado, Amadeu Altafaj.

La Generalitat disponía de 11 delegaciones en el extranjero dedicadas a la representación de los intereses de Cataluña, atender a los ciudadanos de esta comunidad autónoma y mantener un contacto fluido con los medios de comunicación del país donde están establecidas.

A pesar de las atribuciones que tenían conferidas, las delegaciones se habían convertido en una suerte de red diplomática al servicio del proceso independentista, según confirmaron las fuentes citadas.

El cierre de estas delegaciones no ha sido fácil, puesto que se han producido resistencias por parte de los cargos bajo cuya responsabilidad se encontraban. De hecho, en algunos casos el cierre no se ha completado al quedar pendiente la entrega de llaves de los inmuebles y las mudanzas.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución también supuso la liquidación del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

Este organismo era un consorcio público-privado que se había convertido en una especie de cuerpo diplomático paralelo al estatal presidido por el presidente de la Generalitat puesto al servicio de la internacionalización del proceso independentista.

El cierre de Diplocat ha sido más lento de lo esperado debido al recurso ante el Tribunal Supremo planteado por la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) y que pedía suspenderlo cautelarmente. Finalmente, el Alto Tribunal decidió rechazar este recurso.

El cierre de las delegaciones y de Diplocat ha provocado el despido por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de 34 personas, en el caso de las primeras, y de 18, en el caso del segundo.

El Ejecutivo tiene casi finiquitado el cierre de la red exterior de la Generalitat. Faltan flecos en algunas ciudades y a ello hay que sumar la sede de Diplocat situada en el número 420 de la Avenida Diagonal de Barcelona. Este es un espacio por el que se pagan 4.960 euros al mes y que ha de quedar vacío el próximo 15 abril, fecha que se ha marcado el Gobierno para acabar con la estructura internacional del independentismo.

En cuanto a Diplocat, el Gobierno ha descubierto gastos llamativos en las tarjetas de crédito de algunos de sus miembros que ya han sido trasladados al Ministerio de Hacienda para su estudio.

Por último, el Gobierno ha observado que 400.000 euros del millón de euros que los ‘casals’ en el extranjero recibían por parte de la Generalitat iban destinados a actividades independentistas.

Estos conglomerados están compuestas por asociaciones de catalanes que residen fuera de Cataluña que durante años han jugado un papel clave en la difusión de la cultura y la lengua catalana.