Así lo indicó durante su comparecencia en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera quien también fuera vicepresidente del Gobierno con el PSOE en la etapa de Felipe González.

Serra explicó que cuando llegó a la entidad, en marzo de 2005, ésta se encontraba en una “etapa de gran expansión y brillante cuenta de resultados”, aunque se dio cuenta de que su exposición al sector inmobiliario era “excesivo” y que la concesión de crédito crecía a un ritmo superior que la media de las cajas de ahorros.

Y ello, quiso dejar claro, a pesar de que la legislación catalana recogía que el presidente de una caja no tenía carácter ejecutivo. También subrayó que pese a las debilidades que observaba en la entidad, “en absoluto encontré ninguna ilegalidad o práctica no ajustada a Derecho”.

En el otoño de 2006, expuso Serra, trasladó a la Diputación de Barcelona (entidad fundadora de la caja) y a la Generalitat de Cataluña la “conveniencia de iniciar un cambio de rumbo” en el grupo, lo que implicaba modificar la composición del equipo directivo.

Sin embargo, éstas consideraron que era mejor “esperar”, debido a los buenos resultados que presentaba la caja y a las dificultades de llevar a cabo los cambios sin consenso.

En cuanto al Banco de España, señaló que pidió una reunión con el gobernador, aunque quien le recibió fue el director de Supervisión, a quien Serra le comunicó que había que desmontar la filial inmobiliaria de la caja (Procam) y que la inspección que en esas fechas había realizado el supervisor “justificaba un cambio de rumbo y de su equipo directivo”.

“No fue ese el criterio del Banco de España, que insistió en mantener al director y sostuvo que era suficiente cumplir con las recomendaciones que le había efectuado”, subrayó Serra.

En este sentido, expuso que el Banco de España reconoció preocupación por la evolución de aspectos como la morosidad, la liquidez o el crédito al promotor, aunque no pedía cambios “organizativos ni de actuación”, pero sí recomendaba que los órganos de gobierno de la caja tuvieran “perfecto conocimiento de estas operaciones”.

El expresidente de Caixa Catalunya aseguró que al no contar con el consenso del Banco de España, comunicó en el verano de 2007 a la Diputación de Barcelona que abandonaría la entidad a final de año, “por razones personales”, si no había cambios antes de final de año, ya que lo consideraba “imprescindible”.

La Generalitat y la Diputación, dijo Serra, accedieron y Adolf Todó fue seleccionado como director, para agregar que le esperaba una “tarea ardua”.