Las disposiciones citadas se refieren a la reducción salarial de las personas en régimen laboral del sector público, según informó Comisiones Obreras.

La providencia, dictada en el curso del conflicto colectivo planteado a instancias de CCOO en el ámbito de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, avanza “dudas sobre la constitucionalidad” de la redacción de algunos de sus artículos, por posible afectación del “contenido esencial del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva”.

Esta providencia, sin prejuzgar el sentido final del procedimiento, refuerza, según Enrique Lillo, letrado del Gabinete Interfederal de CCOO, “la posición defendida por el sindicato frente al recorte salarial y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados para 2010 en las administraciones y sector públicos”.

Por ello, CCOO mantendrá las actuaciones jurídicas y procesales iniciadas en defensa de los derechos del personal del sector público, promoviendo las iniciativas necesarias para su extensión a los cerca de tres millones de personas afectadas.