La propuesta fue rechazada tras recibir 94 votos a favor, 243 en contra y ninguna abstención. La mayoría que suman PP, PSOE y Ciudadanos en la Cámara no permitió derogar el decreto.

La propuesta del PDeCat recogía también establecer que todas las empresas que hayan trasladado su domicilio social por decisión del órgano de administración con posterioridad a la entrada en vigor real decreto, el pasado 7 de octubre, deban ratificarlo en su junta de accionistas.

La norma, que entró en vigor el pasado 7 de octubre tras el referéndum ilegal del 1-O, aclara quiénes son los órganos competentes para aprobar el cambio de sede social por parte de las sociedades que así lo decidan.

Así, se facilitan los trámites de manera que solo si existe una declaración expresa en contrario por parte de los estatutos de la sociedad, será el Consejo de Administración el competente para aprobarlo.

Desde la celebración del referéndum ilegal del 1-O miles de empresas decidieron trasladar su sede social fuera de Cataluña, entre las que se encuentran seis cotizadas del Ibex-35: Sabadell, CaixaBank, Gas Natural, Colonial, Abertis y Cellnex.

CaixaBank fue una de las empresas que se benefició del real decreto, y aprobó el traslado de su sede de Barcelona a Valencia tras la entrada en vigor del cambio normativo.