Rovira hizo estas declaraciones en el marco de una mesa redonda en la que se analizó el tema de la dependencia desde la perspectiva de las asociaciones, su relación con la Administración y las demandas de coordinación sociosanitaria.

Según el representante de Edad&Vida, “para mejorar la gestión de la dependencia se hace preciso una mayor colaboración público-privada y aclarar las funciones de la Administración, más allá de sus labores de tutela, control o acreditación con respecto al sector sociosanitario”.

Eduardo R. Rovira explicó que en la actualidad hay 310.000 personas en la lista de espera de la dependencia, lo que representa el 33 por ciento del total. Asimismo, indicó que la financiación por parte de la Administración “está por debajo de lo establecido por la ley y de lo que dedican otros países de nuestro entorno”.

“La memoria económica de la Ley de Dependencia ponía como objetivo dedicar el 1% del PIB a este propósito para 2015, unos 11.800 millones de euros, y en los 11 años que llevamos desde su promulgación sólo se han puesto unos 8.000 millones, un 0,7% del PIB, muy lejos de la media de la UE, que está en el 1,65%, o del 3,5% del PIB que emplean Holanda o Suiza”, detalló.

Además, para Rovira es preciso que se apliquen nuevas tarifas, en relación a lo que paga de media la Administración por plaza asistida y día en el sector privado concertado, “que se adapten a los costes reales, permitan incrementar la calidad de los servicios ofrecidos en el sector sociosanitario y sirvan para mejorar las condiciones laborales y multiplicar el número de empleos sociales”.