Dicha iniciativa, que cuenta como socios españoles con Proyecto Esperanza y Sicar Cat, ambos proyectos de Adoratrices, permitirá trabajar con entidades de otros nueve países europeos (Bulgaria, República Checa, Alemania, Austria, Países Bajos, Irlanda, Rumanía, Macedonia y Serbia) para mejorar el derecho a indemnización.

Según recordó la organización católica este martes, el derecho al resarcimiento es clave para garantizar el acceso a la reparación y a la justicia de las víctimas, pero son muy pocas las beneficiadas.

Tanto Proyecto Esperanza como Sicar Cat, especializados en atención integral a víctimas de trata de seres humanos, tomarán parte en el proyecto, cuyos objetivos pasan por la identificación y el análisis legal de las demandas de indemnización y evaluación de las lagunas relacionadas con las necesidades de las víctimas, entre otras.

España, afirma Adoratrices, cuenta con disposiciones legales como otros países europeos que garantizan a las víctimas de delitos el derecho a reclamar una indemnización y ser compensadas por los daños que han sufrido.

BARRERAS

Pero la organización demuestra que, en realidad, “son muy pocas las víctimas de trata que consiguen tener acceso a la información y los medios para reclamar una indemnización, y muchas menos las que finalmente reciben el pago de ésta, ya que existen numerosas barreras y obstáculos que les impiden acceder a este derecho”.

Esas barreras van desde la falta de sensibilización de los profesionales que intervienen en el proceso penal al poco asesoramiento o la larga duración de los procesos, por los que las víctimas son deportadas o retornadas a sus países de origen antes de que se dice sentencia.

Sandra Camacho, responsable del equipo jurídico de Sicar Cat, puntualizó que “incluso cuando se concede la indemnización a las víctimas, rara vez llegan a cobrar las indemnizaciones de forma efectiva, bien porque no se localiza a sus tratantes, o bien porque estos no son procesados, o porque trasladan sus bienes al extranjero o se declaran insolventes para evitar la confiscación de sus bienes y tener que pagar indemnización”.

Por su parte, Marta González, coordinadora de Proyecto Esperanza, añadió: “Entre algunas cuestiones que sería necesario mejorar debería existir una mayor efectividad en el decomiso de bienes procedentes de la trata y destinar esos bienes decomisados a resarcir a las víctimas en los casos en los que los condenados no cumplen con su responsabilidad de pagar las indemnizaciones a las víctimas porque se declaran insolventes y no tienen bienes a su nombre que se pueden ejecutar”.

También echan en falta que no haya un sistema de valoración de los daños y perjuicios en el que se cuantifique “de forma objetiva, justa y adecuada la indemnización que corresponda”.