El grupo de activistas se aproximó en varias zodiacs al barco 'Bahri Tabuk', de la naviera saudí Bahri, y se lanzaron al agua con trajes especiales y con pancartas con el mensaje ‘Armas Marca España para matar civiles’ en castellano, inglés y euskera. Cuatro activistas más permanecieron colgados en las amarras del barco y cinco en las defensas que separan el barco del muelle.

Greenpeace señaló en un comunicado que el Gobierno español es “cómplice” por “autorizar envíos ilegales de material bélico cuando existen indicios de que estas armas podrían ser utilizadas para vulnerar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos”.

Subrayó que éste es el caso del envío de armamento a países que forman parte de la coalición saudí, que desde que comenzó la guerra de Yemen en marzo de 2015 ha llevado a cabo ataques continuados sobre población civil. De hecho, como consecuencia de los ataques de ambas partes del conflicto se han contabilizado 9.245 civiles muertos y 52.807 personas heridas hasta finales de 2017.

Greenpeace recalcó que España carece de mecanismos para verificar el uso que se hace del armamento que exporta, pero entre 2014 y 2016 autorizó y realizó ventas de armas a los países de la coalición saudí que participa en la guerra de Yemen por valor superior a 995 millones de euros, “a pesar del riesgo de que hayan podido ser utilizados en Yemen”.

“El Gobierno está permitiendo el envío de armas a varios países que están participando en la guerra de Yemen y masacrando población civil y, además, no puede certificar el uso final de estas armas. Estas premisas hacen esas autorizaciones ilegales y tienen que denegarse inmediatamente”, declaró Sara del Río, responsable la campaña de Desarme de Greenpeace.

Por otro lado, Greenpeace indicó que la Ley de Secretos Oficiales, cuya reforma en el Congreso mantienen bloqueada el PP y Ciudadanos, está sirviendo “de escudo para impedir que tanto la ciudadanía como el poder legislativo accedan a la información para verificar si se están aplicando correctamente los principios que establece la ley o que el Gobierno rinda cuentas si, como parece, estuviese incumpliendo la legislación nacional e internacional en la materia”.

“El cumplimiento del derecho internacional tiene que primar sobre los beneficios de las empresas armamentísticas, y para asegurar que es así el Gobierno tiene que rendir cuentas y no esconderse tras la Ley de Secretos Oficiales. El Partido Popular tendría que dejar de bloquear la reforma de esta ley franquista en el Congreso”, concluyó Del Río.