La iniciativa, presentada por el PSOE y que tras este primer paso iniciará su tramitación en la Cámara Baja, obtuvo 208 votos favor, 133 en contra y 1 abstención. Durante su intervención desde la tribuna del hemiciclo para defender la iniciativa, la diputada socialista Victoria Tundidor señaló la importancia de esta proposición de ley para “impulsar la transparencia de los contratos y proteger a los consumidores de las cláusulas abusivas” y lograr que “los contratos se redacten de forma sencilla y eficaz”.

La iniciativa tuvo el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios, a pesar de que algunos criticaron algunos aspectos concretos del texto e indicaron que presentarán enmiendas cuando se inicie su tramitación.

La proposición de ley plantea la obligación por parte de profesionales y empresarios de explicar al consumidor todas las cláusulas de los contratos, así como sus posibles consecuencias y riesgos, asegurándose de su comprensión. Así, su principal objetivo es reconocer la transparencia como norma y principio general de derecho con el fin de profundizar en la protección de los consumidores, así como mejorar la competencia entre las empresas.

La iniciativa, además, propone que jueces y tribunales puedan actuar de oficio ante aquellas situaciones en las que se detecte alguna cláusula abusiva, así como que los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles no autorizarán ni inscribirán contratos en los que se incluyan cláusulas declaradas nulas por abusivas.

Para ello, el texto establece un “control de transparencia” por parte de jueces y tribunales para examinar si los empresarios o profesionales cumplen con su deber contractual de “facilitar la comprensibilidad material, que no formal y gramatical, de los aspectos o elementos que definan el producto o servicio ofertado, su correcto funcionamiento y los riesgos asociados al mismo, de forma que el consumidor y usuario comprenda no solo el significado general de la contratación, sino también el alcance jurídico y económico de los compromisos asumidos”.

Además, la propuesta establece una serie de elementos y situaciones relativos a la relación entre empresario y consumidor, reciprocidad, garantías y ejecuciones del contrato, que, en caso de estar contemplados en las cláusulas de un contrato, harían que éstas fueran consideradas abusivas.

La aprobación de esta norma implicaría la modificación de cuatro leyes en vigor: la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la de Condiciones Generales de Contratación, la del Contrato de Seguro y la Ley del Mercado de Valores.