Tras afirmar que las contrataciones estaban en manos de ambos, explicó que Eduardo Larraz fue nombrado consejero delegado de la empresa pública de suelo Arpegio por deseo expreso de Aguirre. Larraz está imputado por cobrar presuntamente comisiones de constructores a los que se adjudicaron parcelas del Plan Prisma. En su declaración, Granados insistió en que Aguirre era quien "lo supervisaba todo".

Agregó que este plan de viviendas reportaba ingresos a los ayuntamientos de Madrid, y cuando Aguirre pasó a presidir la Comunidad pidió que todos los trabajos los ejecutara la Administración autonómica y, por tanto, los ingresos también fueran a parar a sus arcas, porque “estaba harta” de dar dinero a los alcaldes y de que los ediles del PSOE no la invitaran a las inauguraciones.

Granados, que pidió declarar voluntariamente ante el juez del 'caso Púnica', Manuel García Castellón, aseguró que los nombramientos en la Comunidad de Madrid los decidían directamente la expresidenta Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio González, "y no sé si en ese orden".

El exconsejero insistió en que Aguirre era conocedora de la financiación irregular del partido y que delegó toda la responsabilidad en el consejero delegado Eduardo Larraz, razón por la cual Granados se desentendió del funcionamiento de esta empresa, aseguró exculpándose.

Francisco Granados defendió su actuación en todo momento, sin admitir responsabilidad alguna en estas irregularidades y negando las acusaciones que sobre él vertió su exsocio David Marjaliza. Insistió en que el dinero que tenía en Suiza (1,6 millones de euros) procedía de actividades lícitas de compraventa en bolsa cuando trabaja en Crédit Lyonnais y que cuando traspasó esta cantidad a Marjaliza, éste le cobró una comisión de 200.000 euros.