En declaraciones a Servimedia, Lacuesta concretó que es el caso de los menores no acompañados, y el tema de Ceuta y Melilla, “que ese sí es gravísimo, y ese sí ocupó una parte importante y en las observaciones del comité sale en primera línea junto a, nuevamente la Ley integral de violencia contra niños y niñas”.

El presidente de la plataforma, entidad que aglutina a unas 60 ONG que trabajan en la defensa de los derechos de los menores, lamenta que España “todavía” no cuente con esa ley, pese a que el Comité de los Derechos del Niño ya lo recomendó en el anterior examen a las políticas españolas, en 2010.

Lacuesta explicó también que “una fundación alemana muy sensible” en defender posturas antitaurinas encuentra apoyo en uno de los representantes de la ONU y “siempre” presenta un informe al respecto en este tipo de exámenes.

LEY DE VIOLENCIA

Aunque el Gobierno ha dicho que a lo largo de este año saldrá el borrador de la Ley de Violencia contra los menores, éste fue el asunto que recibió “el mayor tirón de orejas” por parte del comité, recalcó. “Han pasado siete años y es un tema importantísimo y urge que tengamos una legislación rigurosa y de estos tiempos”, argumentó Lacuesta, que también repasó otros asuntos que preocupan especialmente al comité, integrado por 18 expertos internacionales.

Entre ellos, dijo a Servimedia, se encontraría un pacto por la educación, para que el sistema “no lo cambie cada gobierno”, y asuntos relativos a salud, como el ‘limbo’ en el que quedan los niños de entre 15 y 18 años.

Ante la próxima cita para el examen a España, ya fijado para el 4 de enero de 2023, Lacuesta lamentó algunas situaciones que se han producido en la infancia española al comparar el de 2010 con este de 2018, como el aumento de la situación de riesgo de exclusión social de los menores, entonces superior al 20%. Actualmente el 30% de los niños no viven en las mejores circunstancias sociales.

También han ido “a peor”, además del asunto de los menores no acompañados, otros relativos a derechos de menores y adolescentes, nuevas tecnologías, acoso y violencia. Y, entre todo, Lacuesta destacó un punto positivo: el plan de infancia y adolescencia, impulsado en los últimos años, ha permitido “avanzar en muchísimas cuestiones”.

Por el contrario, pidió que “hay que invertir en infancia” y saber en concreto cuánto presupuesto se destina a las políticas de protección de los menores. “No hay manera de saberlo”, criticó.