Así lo aseguraron en un comunicado conjunto cuatro relatores especiales de la ONU: Leilani Farha, sobre el derecho a una vivienda adecuada; Hilal Elver, sobre el derecho a la alimentación; Dainius Pūras, sobre el derecho a la salud, y Philip Alston, sobre pobreza extrema y derechos humanos.

Estos expertos hicieron un llamamiento urgente al Gobierno de Nicolás Maduro para que tome medidas ante la crisis y a la comunidad internacional a apoyar iniciativas que eviten “una tragedia de grandes proporciones”.

“Millones de personas están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la carestía de bienes de primera necesidad, incluyendo de higiene personal, cortes de electricidad y condiciones de vivienda inadecuadas. Las condiciones siguen empeorando día a día, poniendo muchas vidas en riesgo”, señalaron.

Los expertos subrayaron que más del 50% de la población venezolana vivía en 2016 en la pobreza extrema, cifra que consideraron que “sin duda” se ha incrementado si se considera que la inflación alcanzó más del 2.400% en 2017.

De igual forma afirmaron que “la población en Venezuela está sufriendo múltiples violaciones a sus derechos humanos” y agregaron que “muchas personas están sufriendo desnutrición, y la situación de salud ha alcanzado niveles intolerables, especialmente para las personas que sufren de enfermedades crónicas y terminales, tales como diabetes, deficiencia renal y cáncer”.

“El desabastecimiento crónico de medicinas y equipos médicos que se reporta en los centros de salud está provocando muertes que se podrían prevenir. Incluso diversos servicios médicos esenciales, como la hemodiálisis, han dejado de operar en muchas partes del país afectando la salud y colocando a alrededor de 15,000 personas que padecen enfermedades renales en riesgo de perder la vida”, añadieron.

63 SALARIOS MÍNIMOS

Hilal Elver, relatora especial sobre el derecho a la alimentación, destacó que al final del año pasado una familia venezolana necesitaba ganar 63 salarios mínimos para poder adquirir la cesta básica familiar. “Otras estadísticas muestran que la desnutrición está afectando ya a 1,3 millones de personas y que en promedio cinco o seis niños mueren cada semana por desnutrición”, apostilló.

Dainius Pūras, relator especial sobre el derecho a la salud, destacó que “las restricciones financieras no eximen a los Estados de sus obligaciones básicas”. “De hecho, las medidas de austeridad que fuesen necesarias, no deben afectar el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales”, agregó.

Leilani Farha, relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, llamó la atención sobre informes de desalojos forzosos. “Hemos recibido información que señala que individuos y familias enteras han sido desalojadas de sus hogares, con uso excesivo de la fuerza, dejándolas en situación de calle”, dijo.

El grupo de expertos y expertas también manifestó que la falta de información oficial actualizada sobre alimentación, salud y cortes de electricidad hace imposible que se pueda evaluar la verdadera magnitud de la crisis y la medida en la que el Gobierno está protegiendo y garantizando sus obligaciones conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

“Hacemos un llamamiento al Gobierno a que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud y a que asegure el servicio eléctrico. Si hiciera falta, el Gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela”, concluyeron.