La aprobación de este plan de acción responde a la nueva política de la Comisión Europea en materia de incumplimientos por los Estados miembros de las obligaciones de transposición en plazo de directivas.

El año pasado la Comisión Europea publicó una nueva comunicación sobre la aplicación del Derecho de la Unión Europea en la que endurecía el criterio de aplicación del artículo 260.3 del Tratado Fundacional de la Unión Europea. La aplicación de este nuevo criterio supone incrementar, en gran medida, el riesgo de imposición de una multa económica para los Estados incumplidores de los plazos de transposición.

España, según el Gobierno, había venido cumpliendo de forma continuada con los objetivos de transposición establecidos por el Consejo Europeo. Sin embargo, durante los años 2016 y 2017 el ritmo de transposición de directivas se ralentizó, lo que provoca que haya un total de 23 directivas en riesgo de multa debido al retraso acumulado en la transposición.

Este acuerdo constituye un instrumento vinculante para que los Ministerios responsables se comprometan a impulsar la transposición urgente de estas directivas durante el año 2018.

El plan de acción actualiza los compromisos de transposición de directivas en riesgo de multa a lo largo de 2018, compromisos que, tratándose de normas con fuerza de ley o de reales decretos, ya están recogidos en el Plan Anual Normativo 2018. También hace referencia a los instrumentos normativos de rango inferior.

También se refiere al proceso de elaboración de las disposiciones reflejadas en el plan hasta el momento en que sean aprobadas por el Consejo de Ministros, con independencia de la tramitación posterior a la que las mismas vengan obligadas ante las Cortes Generales y sin perjuicio del proceso específico de aquellas disposiciones para las cuales la competencia para su elaboración y aprobación venga atribuida a otros organismos o instituciones distintos del Gobierno.