“Nos parece bien la sentencia, hay que respetarla como cualquier decisión judicial”, dijo Izquierdo, quien indicó que el TC “lo que viene a decir es que la persona que pidió el recurso, en vez de ir a una plaza de personas mayores, quería ir a una de discapacidad”.

Explicó que la persona denunciante tiene 72 años y discapacidad, y que “tenemos muchas personas mayores de 65 años en nuestra red de personas con discapacidad”. Agregó que “lo que ocurrió en ese momento es que los técnicos hicieron una valoración para dar el recurso más apropiado”.

“Se entendía que una persona de 72 años va a tener un recurso mucho mayor y más adaptado a sus necesidades, con una intensidad mucho mayor tanto en cuidados como en atención sanitaria en una residencia de mayores que en una para personas discapacitadas”, destacó.

“En cualquier caso, si quiere una plaza de discapacidad, buscaremos una de discapacidad, pero los técnicos en su momento valoraron en su momento que era el recurso más adecuado a esa persona”, concluyó,

La resolución de la Sala Segunda del Constitucional dio la razón a un hombre de Madrid con discapacidad psíquica reconocida del 65%, al que el Gobierno madrileño negó la estancia en una residencia especializada debido a que el solicitante tenía más de 60 años, en concreto 67, lo que le excluía de una orden administrativa.