Para ello, la propuesta, presentada por el PSOE, plantea la obligación por parte de profesionales y empresarios de explicar al consumidor todas las cláusulas de los contratos, así como sus posibles consecuencias y riesgos, asegurándose de su comprensión.

Según la exposición de motivos de la iniciativa, su principal objetivo es reconocer la transparencia como norma y principio general de derecho con el fin de profundizar en la protección de los consumidores así como mejorar la competencia entre las empresas.

En concreto, el texto establece un “control de transparencia” por parte de jueces y tribunales para examinar si los empresarios o profesionales cumplen con su deber contractual de “facilitar la comprensibilidad material, que no formal y gramatical, de los aspectos o elementos que definan el producto o servicio ofertado, su correcto funcionamiento y los riesgos asociados al mismo, de forma que el consumidor y usuario comprenda no solo el significado general de la contratación, sino también el alcance jurídico y económico de los compromisos asumidos”.

Además, el texto establece una serie de elementos y situaciones relativos a la relación entre empresario y consumidor, reciprocidad, garantías y ejecuciones del contrato, que, en caso de estar contemplados en las cláusulas de un contrato, harían que éstas fueran consideradas abusivas.

Así, la iniciativa propone que jueces y tribunales puedan actuar de oficio ante aquellas situaciones en las que se detecte alguna cláusula abusiva, así como que los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles no autorizarán ni inscribirán contratos en los que se incluyan cláusulas declaradas nulas por abusivas.

Para todo ello, la aprobación de esta proposición implicaría la modificación de cuatro leyes en vigor: la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la de Condiciones Generales de Contratación, la del Contrato de Seguro y la ley del Mercado de Valores.