En un comunicado, la central informó de que el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, y el de Salud Laboral, Pedro J. Linares, han registrado el escrito en el Ministerio.

CCOO criticó que con la elaboración de este reglamento, el Gobierno “ha optado, de nuevo, por la vía de la imposición unilateral al excluir del diseño reglamentario que tendrán las mutuas a las organizaciones sindicales”.

El sindicato explicó que el reglamento propone utilizar el “silencio administrativo positivo” para aumentar la capacidad de decisión de las mutuas en el control médico de los procesos de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, estableciendo la posibilidad de que los servicios públicos de salud autoricen de forma tácita las propuestas de las mutuas cuando no hayan contestado en cinco días.

Esta fórmula se contempla para las propuestas relacionadas, no solo para el adelanto de pruebas diagnósticas, sino también para la realización de tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, y ello aunque incluso fueran alternativos a los prescritos por el propio facultativo del servicio público de salud responsable de la supervisión médica del proceso de incapacidad temporal.

Para CCOO, “esta cuestión es grave no solo por las consecuencias que puede tener para los trabajadores afectados, sino también para los propios médicos del sistema público de salud” al entender que la autorización táctica implica, además, la asunción de la responsabilidad final de los actos para quienes los autoriza.

El sindicato también señaló que el reglamento reabre el “conflicto histórico” sobre la obligación del pago de desplazamientos de los trabajadores en incapacidad temporal y plantea que las mutuas solo estén obligadas a pagar los desplazamientos cuando el domicilio del trabajador se encuentre a una distancia igual o superior a los 25 kilómetros del centro de la mutua.

Asimismo señaló que no se resuelve la cuestión con el sistema de ‘bonus’ para empresas que hayan registrado índices de incidencia por debajo de la referencia, lo que puede “invitar” al subregistro de daños.

Finalmente, hizo un llamamiento al Gobierno a que reconsidere su postura y abra un proceso dialogado con las organizaciones sindicales en el que se concrete un reglamento de mutuas diferente, que haga posible que estas entidades garanticen el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las empresas.