Catalá respondió así a una pregunta del senador de ERC Miquel Angel Estradé en la sesión de control al Gobierno sobre si el ministro cree que el poder judicial es “independiente” en España, a la que en su primer turno contestó que “absolutamente” y para los 5.500 jueces que hay en el país.

Estradé acusó al Gobierno de creer sólo en el poder judicial que “amenaza” y “está emprendiendo un proceso contra todo el independentismo”, con las llamadas de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a los magistrados del TC cuando el Ejecutivo recurrió la investidura telemática del expresidente catalán Carles Puigdemont, de forma que el Tribunal la suspendió cautelarmente; unos autos que en su opinión “destilan ideología e intentan mostrar que un movimiento pacífico” como el independentista es de índole “criminal” y hay que tratarle como si fuera terrorista imputándole rebelión y el hecho de que Catalá calculara que en primavera todos los exconsejeros catalanes juzgados ya estarán inhabilitados.

De todo ello, el senador de ERC coligió que en España “no hay división de poderes, sino una trama de poder” formada por políticos, jueces, policías y periodistas “que quieren aplastar al movimiento independentista y vengarse”. Por ello, avanzó que pronto en Cataluña “no habrá nadie que crea en la separación de poderes” en el Estado y tendrán que acudir a los tribunales europeos o trasladarse a Bruselas, hasta que el ministro anuncie cuándo les van a procesar.

Catalá no desaprovechó la alusión a la capital belga, e ironizó que “alguno ya ha empezado a trasladarse a Bruselas y a vivir muy confortablemente”, en referencia al propio Puigdemont; luego afirmó que “la gente ya está harta” de las “trifulcas”, “peleas” y “jueguecitos de mensajes” entre los independentistas, y a continuación trató de refutar la acusación de que él adelanta las sentencias judiciales prefigurando inhabilitaciones políticas.

En concreto, dijo que “hay que leer”, y que él lo hizo con los autos de Llarena de los días 12 y 29 de enero, en los que se hacía referencia al artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y apuntaba a la consecuencia procesal ya prevista de la “pérdida de la condición de representante político” de quien es objeto de un auto de procesamiento definitivo y privado de libertad. Según constató, “a quienes incumplen las leyes se les somete a juicio y en ocasioes se les priva de libertad, porque eso es el Estado de Derecho”.