Según ha explicado el Cermi en un comunicado, desde esa fecha, todos los municipios españoles con población superior a los 50.000 habitantes han de contar con al menos un 5% de taxis accesibles del total de la flota, para de esta manera garantizar el uso de este medio de transporte a las personas con movilidad reducida.

Como soporte de su denuncia, que también ha sido cursada ante la Oficina de Atención a la Discapacidad del Consejo Nacional de la Discapacidad del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Cermi ha acompañado el informe de situación sobre el taxi accesible a 4 de diciembre de 2017 realizado por la Fundación ONCE y el propio comité , donde queda expresado nominalmente el grado de cumplimiento de cada uno de los ayuntamientos obligados por la normativa estatal.

Según este estudio, el 63 % de los municipios obligados incumplen esta reserva mínima de taxis, contraviniendo la ley nacional, discriminando y excluyendo de su derecho fundamental a la libertad de desplazamiento a las personas con limitaciones de movilidad.