Garzón reclama una auditoría de la “deuda ilegítima” de las autopistas rescatadas
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El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, presentó este lunes una proposición no de ley que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea defenderá en el Congreso de los Diputados para hacer una auditoría independiente de la “deuda ilegítima” del Estado con las concesionarias de las autopistas quebradas.
Junto al responsable de Políticas Económicas de la coalición, Carlos Sánchez Mato, Garzón presentó la iniciativa, que pretende someter a debate y votación en las próximas semanas para evitar que se sigan empleando fondos públicos para beneficios privados, algo que considera una “estafa organizada” y una forma de “corrupción legal” consistente en socializar las pérdidas y privatizar los beneficios.
Garzón recordó que los millones con los que el Gobierno va a rescatar a esas concesionarias salen de la educación y la sanidad públicas, y Sánchez Mato subrayó que el Gobierno aseguró que no costaría un euro, lo mismo que dijo ante el rescate del sistema financiero, que ha costado miles de millones a los ciudadanos.
Es una “tomadura de pelo descomunal”, reiteró Garzón, convencido de que la iniciativa podría salir adelante si el PSOE y Ciudadanos comparten la necesidad de esclarecer la realidad de esa deuda y del uso de fondos públicos.
La iniciativa se centra en la decisión del Gobierno de rescatar, a través de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), a las nueve concesionarias de autopistas de peaje quebradas: la R2 Madrid-Guadalajara, la R3 Madrid-Arganda, la R4 Madrid-Navalcarnero, el Eje Aeropuerto (M12), la autopista Madrid-Toledo (AP41), Ocaña-La Roda (AP36), Cartagena-Vera de la AP7 y la circunvalación de Alicante.
Según la información del Ministerio de Fomento, el coste de ese rescate sería de unos 2.000 millones, pero el aval que cubre la RPA asciende hasta los 4.500, y la coalición alerta de que esa deuda “no se acumula de un día para otro”.
La coalición denuncia los estudios de demanda y de uso “completamente ficticios e irreales”, el supuesto “error” de cálculo en el coste de las expropiaciones y el sobrecoste de construcción, que se elevó un 30%.
La iniciativa reclama una auditoría pública en todas sus fases e independiente del Gobierno, con participación directa de la ciudadanía, de las autopistas de peaje incluidas en el Plan de Rescate “de cara a depurar la legitimidad de toda la deuda”.
(SERVIMEDIA)
05 Feb 2018
CLC/man