Según el Gobierno valenciano, se trata de adaptar la atención residencial a las nuevas necesidades de la población de personas mayores con un sistema orientado no sólo a curar la enfermedad física sino también la enfermedad social, con ratios adecuadas y nuevas formas de atención.

Para ello, se han constituido cuatro grupos de trabajo que están aportando las ideas fundamentales sobre las que se basa esta apuesta de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por residencias más humanas, donde la gente pueda ser feliz y se sienta como en su casa.

Las cuatro mesas de trabajo son la de Dirección y gerencia, Atención social y sanitaria, Convivencial y de Estructura y mantenimiento, y están integradas por representantes de la Conselleria de Igualdad, los centros residenciales públicos, entidades sin ánimo de lucro, asociaciones de familiares y representantes de personas residentes; empresas privadas y sindicatos.

Durante los meses de octubre y noviembre del pasado año realizaron tres sesiones de trabajo cada una de las mesas para poder ofrecer un diagnóstico sobre la problemática detectada en los centros residenciales de la Comunitat y ofrecer propuestas de futuro para solucionarlo.

Entre las conclusiones aportadas, destaca la necesidad de un modelo de atención centrado en las personas donde las necesidades sean diagnosticadas individualmente y cubiertas por los servicios de forma específica, ademas de programas, prestaciones y recursos formales tendentes a incrementar su bienestar.

Se contempla además, la necesidad de fomentar a través de una formación adecuada la 'competencia relacional y la inteligencia emocional' de todos los profesionales para fomentar el trato digno y la empatía con los residentes.

Respecto al personal, entre las propuestas se requiere una mayor flexibilidad de las ratios de los trabajadores, no sólo con el número sino también con los perfiles de los profesionales teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios de cada centro.

Asimismo, se destaca la necesidad de mejorar las condiciones económicas y la estabilidad laboral mediante la equiparación de salarios y convenios entre el sector público y privado, sanidad y servicios sociales.

El diagnóstico del sector propone también la revisión del estado de las instalaciones y un estudio de las necesidades de reforma y mejora, así como una nueva orden de acreditación que desarrolle todos los aspectos, también los referentes a seguridad, accesibilidad, modernización y tecnología.

Entre las conclusiones se subraya también la coordinación con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para conseguir de manera efectiva la integración de los sistemas de información para obtener una historia única de la persona, social y sanitaria.

Asimismo, considera que sería conveniente establecer protocolos claros y ágiles, un registro único para evitar duplicidades y mejorar la metodología de trabajo, así como un sistema de calidad sencillo y efectivo unificado para todos.