En sendos comunicados, ambos sindicatos criticaron al Gobierno por su gestión de las pensiones así como su actuación en los debates sobre su sostenibilidad, como la de Báñez ayer en el Congreso.

Así, UGT señaló que la comparecencia de ayer de la ministra fue “imprecisa y poco respetuosa con los pensionistas porque ofreció datos que favorecían al Gobierno pero carecían del rigor y la seriedad exigibles en sede parlamentaria”.

En este sentido, UGT criticó que durante su comparecencia, Báñez defendió que entre 2007 y 2017 las pensiones han mantenido su poder adquisitivo con una ganancia, según sus cálculos, del 0,03%.

A este respecto, el sindicato explicó que “independientemente de que la primera parte del periodo de esos cálculos no es atribuible a la gestión de su Gobierno y que corresponde incluso a un marco normativo diferente al aprobado por el Partido Popular en 2013, es necesario señalar que tales declaraciones sobre etapas pasadas no pueden ocultar la actual pérdida de poder adquisitivo que están padeciendo las pensiones”.

De la misma forma, desde CCOO denuncian “la utilización estratégica de los datos, ya que los cálculos presentados por la ministra, aun siendo correctos en su formulación, son, en realidad, ejemplo de un ejercicio de utilización parcial de los mismos”. “El Ministerio utiliza a conveniencia unos periodos temporales u otros, según sea el resultado que quiere presentar en cada momento”, apunta la central sindical.

En este sentido, desde UGT denuncian la pérdida de poder adquisitivo de los dos últimos años y que prevén también para 2018, así como el desequilibrio en el balance de la Seguridad Social, y señalan que “estos terribles datos y esta realidad derivada de la reforma de pensiones que aprobó el Partido Popular en 2013 no pueden, en modo alguno, ser ocultados apelando a los datos del pasado”.

Por su parte, CCOO considera que “esta utilización estratégica de unos u otros datos a conveniencia resulta una práctica rechazable, ya que no ayuda a mejorar el nivel de transparencia que históricamente mantiene el sistema público de pensiones y contribuye a trasladar a la ciudadanía una idea distorsionada de los efectos de las medidas introducidas en la última reforma de pensiones de 2013 y de sus necesidades reales”.