Así se expresó Nadal en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde explicó que su intención es llevar a cabo estos cambios a través de una proposición de ley o de una enmienda en el Senado. Además, el ministro explicó que también quiere cambiar la normativa relativa al desmantelamiento de centrales nucleares para que sean sus titulares los que asuman el coste y no el Estado a través de Enresa.

El primero de los ajustes, de algo más de 100 millones, afecta al factor de retardo, un pago que se realiza por la demora en dos años que se produce para empezar a cobrar por una central. Actualmente se aplica un interés del 10% que el Gobierno quiere rebajar aplicando un índice financiero a dos años.

El segundo, de unos 70 millones, es una reducción de lo cobrado por las grandes eléctricas por algunos de sus activos, algo que ha propuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras una petición de pequeños distribuidores y que está pendiente de un recurso de lesividad.

Además, hay otro impacto en el sector eléctrico procedente de una petición de Red Eléctrica, que se encargó de calcular la verdadera eficiencia de las centrales extrapeninsulares y concluyó que puede reducirse entre 15 y 20 millones de euros.

Por su parte, en el sector gasista el ajuste también procede de una petición de la CNMC en relación con los activos previos a 2001.

Por otro lado, anunció que su intención es mantener congelados los peajes eléctricos durante toda la legislatura, lo que afecta aproximadamente al 60% de la factura. Recordó además que los peajes llevan ya cinco años congelados o bajando.

Asimismo, en referencia al año 2020, apuntó que se debe producir la modificación del régimen retributivo de las actividades reguladas, lo que según sus estimaciones permitirá reducir los costes del sistema en unos 1.500 millones de euros.