El Gobierno ha recurrido todas las normas autonómicas que tratan de parar las prospecciones amparándose en que la estrategia de hidrocarburos es una competencia exclusiva del Estado. Al igual que ahora, el Ejecutivo recurrió las leyes cántabra y catalana similares.

El TC acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a las Cortes y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que dispondrán de 15 días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

La admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el Constitucional resolverá una vez que esté concluso el proceso.