Su propuesta es que el texto final recoja la prohibición de bajar de este porcentaje. Según el sindicato, “es imprescindible garantizar la financiación pública de nuestro sistema educativo a través de mecanismos que estén por encima de la alternancia política y de las discusiones anuales de los Presupuestos Generales del Estado”.

“Proponemos que se fije un suelo mínimo de inversión pública y un fondo de cohesión interterritorial para garantizar los servicios esenciales”. “Las cifras cantan”, afirma, para agregar que en la actualidad el gasto educativo de España es del 3,8% del PIB, igual que en 1992. “Habíamos llegado al 4,9% en 2010”, año en que comenzaron los recortes, por lo que urge revertir la situación, subrayó UGT.

Por todo ello, instó a la subcomisión a “conseguir sin partidismos un acuerdo de financiación que garantice la aplicación de todas las medidas necesarias para alcanzar una enseñanza de calidad y desarrollar los principios de igualdad de oportunidades, compensar las desigualdades y unir los términos de calidad y equidad”.