Así lo anunció la ministra durante su intervención en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, donde explicó que el objetivo es “terminar con la temporalidad injustificada” y, por ello, presentará a los agentes sociales una propuesta para “que se impongan tantas sanciones como contratos temporales sin causa haya celebrado una empresa”, es decir, caso por caso. De esta manera, se corrige el sistema sancionador actual, que no recoge el número de trabajadores afectados por las sanciones, sino que estas se dirigen en general hacia la empresa.

El artículo 7.2 de la Ley de Inspecciones y Sanciones del Orden Social (Lisos) tipifica como infracción grave el fraude en la contratación temporal. De salir adelante esta propuesta, la norma se deberá modificar para recoger sanciones por cada caso particular de contratación temporal fraudulenta.

“Con cada contrato en fraude hay un trabajador y una vulneración”, afirmó Báñez, para agregar que “queremos dar un paso más en ese sentido” con medidas que “no solo sancionen, sino que disuadan de una vez para siempre de mantener formas de contratación insolidarias”, y aseguró que plantearán más en el seno del diálogo social. “Solo queremos que sea una temporalidad justificada y no una temporalidad claramente abusiva”, puntualizó.

En esta línea, la ministra aportó nuevos datos sobre la actuación de la Inspección de Trabajo en materia de lucha contra el fraude laboral como es que desde 2012 han aflorado más de 500.000 empleos irregulares, más de 7.000 empresas ficticias que defraudaban a la Seguridad Social y se han convertido 350.000 empleos indebidamente temporales en indefinidos.

“Las instituciones en nuestro país funcionan y todos estamos para que cada día en nuestro país haya mayor empleo y de calidad”, valoró la ministra.

Báñez pidió a los miembros de la Comisión que “tengan más confianza en España y que hablen bien de España porque eso crea un círculo virtuoso de confianza”.

ECONOMÍA COLABORATIVA

En materia de empleo en el ámbito de la economía colaborativa, la ministra explicó que la Inspección de Trabajo en España ha detectado algunas situaciones de plataformas que menoscaban los derechos de los trabajadores, verdaderos autónomos no dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

En este sentido, indicó que desde la Inspección laboral se ha promovido la anulación de 6.000 altas indebidas en el Régimen General, procediéndose a valorar el alta en el RETA de cerca de 3.000 trabajadores.

Asimismo, señaló que se han desarrollado 17.483 actuaciones para el control de los falsos autónomos entre 2012 y 2017, lo que ha permitido aflorar 6.785 empleos. Precisó que se han multiplicado las actuaciones, pasando de 1.200 en 2011 a 7.500 en 2017.

“Que no se pierda ninguna oportunidad de emprender, al tiempo que no haya ninguna merma de derecho para los trabajadores”, manifestó la ministra.