El Gobierno español aprobó en diciembre del año pasado un real decreto con unos primeros aspectos de esta directiva y se ha elaborado un anteproyecto de ley que necesita aún pasar por el Consejo de Estado. Además de España, Bruselas llama la atención a Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia.

En un comunicado, la Comisión explica que esta directiva fue adoptada en respuesta a la crisis financiera para que contribuyera a establecer unos mercados “más transparentes, competitivos e integrados”.

La directiva armoniza el régimen regulador de la UE en lo que respecta a los requisitos organizativos para las empresas de servicios de inversión, los mercados regulados, los mercados de las pequeñas y medianas empresas y los servicios de suministro de datos. También se establecen normas de conducta armonizadas para los servicios de inversión, incluidos los incentivos, los requisitos de información y las normas de gobernanza de los productos.

Aunque el plazo original fijado para la transposición de la directiva se prorrogó durante un año, del 3 de julio de 2016 al 3 de julio de 2017, los Estados miembros mencionados no han incorporado las normas a su legislación nacional, o no las han incorporado plenamente.

En este contexto, la Comisión ha pedido asimismo a estos doce países que apliquen plenamente la directiva en lo que respecta a la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza de productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios.

Si las medidas para incorporar plenamente estas directiva no se notifican en el plazo de dos meses, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a estos Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la UE.