Esta base de datos, desarrollada por el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado tiene identificadas a 25.185 personas físicas; de ellas, 14.641 ostentan una responsabilidad pública (cargos elegidos o designados), mientras que las 10.544 restantes son allegados de los anteriores.

El director del mencionado órgano, Pedro Galindo, explicó que estos allegados son “quienes tienen una relación empresarial estrecha con una persona con responsabilidad política, o alguien que comparte con una la propiedad de una persona jurídica”.

Galindo también aclaró que la base de datos pudo crearse “gracias a la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial” (que contiene 115.202.197 documentos notariales), así como “a la Base de Datos de Titular Real del Notariado” (en la que están identificados los titulares reales de 2.368.490 sociedades y organizaciones).

Según explicó el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, la importancia de dicha base de datos reside en “la necesidad del Estado de controlar de modo eficaz los negocios que desarrollan todos aquellos que ejercen cargo público”, lo que permite “prevenir o, en su caso reprimir, delitos vinculados a lo que se conoce de modo amplio como corrupción”.

Por su parte el presidente de la Unión Internacional del Notariado, José Marqueño de Llano, afirmó sentirse “orgulloso” de que “el sistema notarial español de lucha contra el blanqueo de capitales haya sido elegido por la Unión Internacional del Notariado como el modelo a seguir por el resto de notariados del mundo”.