Así lo avanzó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en una comparecencia en el Palacio de La Moncloa, en la que explicó que la interposición de este recurso conllevaría la suspensión de esa decisión de Torrent, porque el estatus jurídico actual de Puigdemont es “incompatible con su comparecencia personal en la Cámara”.

Esto es así, prosiguió Sáenz de Santamaría, porque “pesa sobre él una orden judicial de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en el territorio español”. Por tanto, adujo que Puigdemont “carece del derecho de libertad ambulatoria” y esto le “impediría” acudir al Pleno de investidura.