Es la petición que ha trasladado el titular en funciones de esta institución, Francisco Fernández Marugán, a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para que a quienes perciban prestaciones por debajo de los 735,9 euros no se les embargue las cantidades depositadas en cuentas bancarias.

En opinión del Defensor del Pueblo, los límites legislativos a los embargos tienen una “justificación constitucional en el respeto a la dignidad de la persona”, por lo que considera necesario garantizar los “recursos mínimos” de estas personas “para atender sus necesidades básicas”.

Esta recomendación es consecuencia de la queja presentada por una ciudadana a la que se le ejecutó el embargo de su prestación no contributiva, al recibir de una sola vez en su cuenta los atrasos de varios meses.

Por esta razón, el Defensor ha dirigido una sugerencia al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que devuelva a esta ciudadana la cantidad embargada si se acredita que los atrasos recibidos por la prestación asistencial de la que es beneficiaria fueron su único ingreso.