Según el ministerio público, en estas diligencias se ha constatado la existencia de un elevado número de procedimientos de contratación que se habrían realizado de forma fraudulenta, relacionados con licitaciones y adjudicaciones de obra pública de concursos ofrecidos por distintas administraciones bajo la esfera de poder de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) y de la Fundación CatDem, vinculada a esta formación política.

El administrador y tesorero de la fundación llevaba supuestamente un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública, controlando los pagos encubiertos que las empresas contratistas entregaban finalmente a CDC bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: CatDem y Forum Barcelona.

Según la investigación, podrían haberse cometido varios delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios de concursos, malversación, fraude contra la Administración, blanqueo de capitales y financiación ilegal de un partido político, concurriendo respecto de los delitos de malversación (artículo 432 y siguientes del Código Penal) y fraude contra la Administración Pública (artículo 436 del Código Penal).

Los requisitos de competencia de la Audiencia Nacional, de conformidad con la interpretación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se refieren a defraudaciones con “grave repercusión” en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional y que afectan a una “generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.