Puigdemont llegó a Bruselas el pasado 30 de octubre junto con cinco de sus consejeros después de que el Gobierno aplicara el artículo 155 de la Constitución tras la declaración por parte del Parlamento catalán de la independencia de Cataluña.

Durante este tiempo ha permanecido ininterrumpidamente en Bélgica, con la excepción de su participación este lunes en Dinamarca en una actividad docente.

Transcurridos casi tres meses desde su llegada a Bélgica, Puigdemont tendrá que enfrentarse a sus obligaciones administrativas y se verá en la tesitura de registrarse como residente en este país si antes del 30 de enero no regresa a Cataluña.

Esta fecha prácticamente coincide con el plazo del Parlamento catalán para elegir presidente de la Generalitat. Junts per Catalunya ha postulado a Puigdemont para la investidura y el presidente de la Cámara, Roger Torrent, lo ha propuesto como “único candidato”.

No obstante, este martes Junts per Catalunya ha retirado la solicitud de Puigdemont de participar en el Pleno de investidura por voto delegado. Esta petición se iba a analizar en la reunión que la Mesa del Parlamento catalán celebra hoy.

La normativa de la UE reconoce el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea. A pesar de ello, si Puigdemont aspira a quedarse en Bélgica más de tres meses la normativa belga le obliga a registrarse en aquel municipio en el que tenga pensado residir.

Según informaron a Servimedia desde la Embajada de Bélgica en España, la legislación belga establece la necesidad de inscribirse como residente en territorio belga a toda aquella persona que tenga pensado permanecer allí más de tres meses.

Esta ley establece que el interesado debe demostrar alguno de los siguientes preceptos: ser un trabajador asalariado, ser un trabajador autónomo, ser solicitante de empleo, disponer de recursos suficientes para no convertirse en “una carga” para el sistema de ayuda social de Bélgica, ser estudiante o ser una persona con autonomía económica reconocida.

Una vez que se ha cumplido este procedimiento, las autoridades belgas tienen la última palabra sobre esta petición.