El Gobierno rechaza las pretensiones de la Generalitat de Cataluña, al considerar que la normativa estatal que impide la interrupción del suministro a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social mediante el copago de su factura de la luz entre el sistema eléctrico, las sociedades comercializadoras y los servicios sociales de las comunidades autónomas o ayuntamientos no invade ninguna competencia autonómica.

En concreto, según el Consejo de Estado, el real decreto aprobado por el Gobierno sobre el bono social se limita a abrir un cauce de cooperación interadministrativa y coordinar la ordenación económica del sector eléctrico con la asistencia social a los consumidores en situación de pobreza energética, que despliegan las administraciones autonómicas y locales.

Además, el Ejecutivo recuerda que las alegaciones expuestas por la Generalitat ya fueron realizadas durante el trámite de audiencia de la norma, valoradas por el Consejo de Estado y respondidas en la Memoria de análisis de impacto normativo que acompaña al citado real decreto.