Así respondió Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntado por los motivos que explican que este proceso vaya a generar pérdidas para el Estado pese a las reiteradas afirmaciones de miembros del Gobierno, especialmente la exministra de Fomento, Ana Pastor, asegurando que no iba a “costar ni un euro” a los ciudadanos.

El portavoz gubernamental defendió además que “no estamos en ningún caso ante un rescate, ya que se trata de la reversión de las infraestructuras a su dueño al finalizar el contrato de concesión por liquidación”.

El Ministerio de Fomento estima que el Estado obtendrá entre 700 y 1.000 millones de euros de la relicitación de estas autopistas quebradas cuya gestión tomará próximamente, proceso que pretende completar antes de que concluya 2018.

Fuentes de Fomento explicaron que la relicitación será por 25 años y se llevará finalmente a cabo en dos lotes, el primero formado por las radiales de Madrid y el otro por la Circunvalación de Alicante y la autopista Vera-Cartagena.

Estas cuantías previstas por el departamento dirigido por Íñigo de la Serna son inferiores a las distintas valoraciones de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que oscilan entre los 4.500 millones estimados por los fondos que controlan estas autopistas y los 2.000 millones estimados por el Ministerio anteriormente, ya que ahora no ofrece cifras.

El desfase entre lo que tenga que desembolsar el Ejecutivo y lo que obtenga finalmente con estas relicitaciones se tendrá que imputar como déficit del Estado para el ejercicio 2018, siempre que logre cerrar todo el proceso el año que viene. Esta cuantía podría quedar fuera del cómputo por el procedimiento de déficit excesivo.

La primera de estas nueve autopistas en ser transmitida a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte (Seittsa) será la R-4, la Madrid-Ocaña, que será absorbida a principios de febrero al tener ya aprobado su plan de liquidación.

Otras siete, todas menos la Madrid-Toledo, serán absorbidas durante el mes siguiente, ya que todavía no se ha producido la aprobación de sus planes de liquidación.

Por último, el traspaso al Estado de la Madrid-Toledo se producirá con una mayor demora, ya que todavía está en fase de concurso y no ha entrado en fase de liquidación.