Fuentes de Fomento explicaron que la relicitación será por 25 años y se llevará finalmente a cabo en dos lotes, el primero formado por las radiales de Madrid y el otro por la Circunvalación de Alicante y la autopista Vera-Cartagena.

Estas cuantías previstas por el departamento dirigido por Íñigo de la Serna son inferiores a las distintas valoraciones de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que oscilan entre los 4.500 millones estimados por los fondos que controlan estas autopistas y los 2.000 millones estimados por el Ministerio anteriormente, ya que ahora no ofrece cifras.

El desfase entre lo que tenga que desembolsar el Ejecutivo y lo que obtenga finalmente con estas relicitaciones se tendrá que imputar como déficit del Estado para el ejercicio 2018, siempre que logre cerrar todo el proceso el año que viene. Esta cuantía podría quedar fuera del cómputo por el procedimiento de déficit excesivo.

La primera de estas nueve autopistas en ser transmitida a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte (Seittsa) será la R-4, la Madrid-Ocaña, que será absorbida a principios de febrero al tener ya aprobado su plan de liquidación.

Otras siete, todas menos la Madrid-Toledo, serán absorbidas durante el mes siguiente, ya que todavía no se ha producido la aprobación de sus planes de liquidación.

Por último, el traspaso al Estado de la Madrid-Toledo se producirá con una mayor demora, ya que todavía está en fase de concurso y no ha entrado en fase de liquidación.

Paralelamente al proceso judicial, la intención de Fomento es acompasar el procedimiento administrativo de resolución de estos contratos con la incorporación de las autopistas a Seittsa, ya que en ese momento se inicia el plazo de seis meses para determinar la RPA.

Una vez obtenida la cuantía de la RPA, el Gobierno procederá a llevar a cabo el pago a través del Tesoro. Si los propietarios de las concesiones no están de acuerdo con la cuantía de la RPA y acuden a los tribunales, algo que ocurrirá casi con total seguridad ya que hay una gran discrepancia, es posible que en años futuros el Ejecutivo deba afrontar nuevos pagos.

Este traspaso a Seittsa conllevará la subrogación de los aproximadamente 700 empleados de estas nueve concesiones, pero no de otros servicios que tengan contratados como el asesoramiento jurídico y la auditoría.

Para afrontar el incremento de actividad que supondrá para Seittsa, esta sociedad dependiente de Fomento ha contratado ya a ocho personas para reforzar la gestión de estas nueve autopistas.

El tráfico de estas nueve autopistas se incrementó un 8,6% en el año 2017, crecimiento superior a la subida del 7,6% de 2016 y del 5,2% de 2015.