En respuesta a colectivos de la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado que han anunciado la interposición de un recurso contencioso administrativo, que dará pie a la petición de amparo judicial, por entender que se han producido "irregularidades en el proceso de la convocatoria del IRPF Social", las fuentes de la citada Consejería explicaron que "cualquier entidad puede presentar un recurso administrativo contra la resolución, pero se trata de una resolución totalmente técnica en la que han trabajado técnicos de Tragsa y de las direcciones generales implicadas”.

Asimismo, manifestaron que la convocatoria cuenta con un presupuesto de 26 millones de euros y se van a subvencionar unos 300 proyectos y añadieron que “ya se han comunicado las resoluciones a todas las entidades, y aquellas que resulten beneficiarias recibirán las transferencias bancarias en los próximos días”.