En un encuentro informativo, Abril pidió que el rector sea elegido como resultado de un concurso de méritos y no mediante elecciones dentro de la propia universidad. En su opinión, resulta “fundamental flexibilizar y agilizar la gestión y la gobernanza de las universidades”, lo que a su vez pasa por reforzar la capacidad ejecutiva de los órganos unipersonales.

Su primera idea es unir en un único órgano de no más de 25 miembros los actuales Consejos de Gobierno (compuestos por representantes del claustro) y los Consejos Sociales. Estos nuevos ‘consejos de la universidad’ estarían integrados por representantes del claustro académico (50%), de la sociedad (25%) y el resto sería elegido por consenso entre los dos anteriores.

Estaría encargado de designar a su presidente como representante de la parte social. A su vez, el rector sería escogido tras un concurso público de méritos al que podría presentarse cualquiera que cumpliese las características. No tendría pues que superar un comicio electoral como sucede en la actualidad.

INDEPENDENCIA

Según Abril, cuando el rector se elige tras un proceso democrático entre los mismos miembros de la universidad, esto conlleva “un compromiso político que no siempre es lo más adecuado para la gestión. El rector debe contentar a sus votantes”.

Presidente y rector verían reforzada su capacidad ejecutiva: el primero se ocuparía de la parte financiera y el segundo de todo lo relativo a la parte académica (elección de decanos, titulaciones…).

Por último, Abril animó a “no tener miedo a las reformas”, y subrayó que “habría que definir bien qué requisitos deberían reunir los representantes de la parte social, para no repetir lo mismo que ocurrió con las cajas de ahorro”. “Podríamos pedirles que conociesen el mundo universitario, que no sean antiguos políticos y, por supuesto, que acrediten demostrar tiempo a la universidad”, dijo a modo de ejemplo.

Abril aseguró que esta propuesta de reforma cuenta con el apoyo de los rectores “en líneas generales” y abogó por introducir los cambios legislativos necesarios para que aquellas universidades que lo deseen adopten el nuevo modelo, sin necesidad de imponérselo a todas.