“Si esto pasa, que no pasará”, afirmó el exconseller según fuentes presentes en la declaración, dejará la representación política, tras comprometerse a “revisar la estrategia” del independentismo y a encauzar sus aspiraciones políticas por los cauces de la legalidad constitucional.

Forn confía en que el nuevo Gobierno catalán que se forme tras las elecciones siga defendiendo sus convicciones dentro de la legalidad y con el objetivo de reformar la Constituición. Sin embargo, si ese Ejecutivo entra de nuevo en la “deriva” unilateral, “yo me bajaría del tren”, garantizó.

El responsable político de la policía autonómica aseguró que en ningún momento dio instrucciones a los Mossos d´Esquadra para que no actuaran durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre y llegó a afirmar que de haberlo intentado, sus órdenes no habrían sido atendidas, porque se trata de un cuerpo que guía su actuación por criterios “profesionales”.

En ese sentido, recordó que el plan elaborado por los Mossos para intervenir durante la jornada del 1 de octubre fue comunicado a la Policía, a la Guardia Civil y a las autoridades judiciales y ninguna de esas instancias plantearon objeción alguna ni solicitaron modificaciones.

Forn aseguró durante su declaración que no renuncia a la aspiración de una Cataluña independiente, pero se comprometió a defender sus convicciones desde la legalidad y el respeto a la Constitución. Insistió en la necesidad de “modificar la estrategia” del independentismo y dijo que “de alguna manera nos lo tenemos que replantear”.

Forn llegó a calificar de “error” la celebración del referéndum, al que acudió a votar plenamente consciente de que estaba cometiendo una “ilegalidad” y “desobedeciendo” las órdenes de los tribunales. Sin embargo, insistió en su firme voluntad de no reincidir.

Tras su declaración de más de dos horas en el Supremo, sus abogados y los que representan a los `jordis´ van a preparar sendos escritos solicitando la modificación de medidas cautelares con la esperanza de que el juez Pablo Llarena les excarcele. Todos prevén presentarlos entre esta tarde y mañana.

INDEPENDENCIA “SIMBÓLICA”

Por su parte, el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, dijo en su declaración en el Tribunal Supremo que la declaración de independencia fue “simbólica” y que el único referéndum legal por la independencia será el que convoque el Gobierno dentro de los márgenes que fija la Constitución.

En una declaración de hora y media, Cuixart aseguró que nunca buscó “vulnerar la ley” y que asume que el único referéndum será el que convoque el Gobierno español, aunque reiteró que desde el punto de vista de las organizaciones sociales catalanas impedir a los ciudadanos que voten es un ataque a la democracia.

El líder de Ómnium Cultural insistió ante el magistrado en que las movilizaciones nunca han buscado coaccionar al Estado, sino manifestar la opinión de la gente. Al igual que los otros dos declarantes, rechazó la vía unilateral para lograr la independencia y apostó por un acuerdo dentro de la legalidad y la Constitución para encauzar las aspiraciones independentistas, porque fuera de ese marco legal es imposible.

HOJA DE RUTA DESDE 2015

Como ya hiciera Jordi Sánchez, el presidente de Ómnium defendió sus profundas convicciones pacifistas y manifestó su frontal oposición a los actos violentos. Por su parte, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado electo por Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, reconoció que el “referéndum del 1 de octubre fue ilegal” y que “desde febrero de 2015 hubo una hoja de ruta con ANC, Ómnium, ERC y CDC" para alcanzar la independencia.

Sánchez renegó de la vía unilateral para conseguir la independencia y aseguró también que renunciará a su escaño -es el número dos de la candidatura de Carles Puigdemont- si la formación que representa se decanta por vías unilaterales para lograr la secesión.

En una declaración que se prolongó por espacio de dos hora y media no pudo negar su presencia en las concentraciones de los días 20 y 21 de septiembre ante la sede de Economía pero insistió en que siempre abogó por el civismo de las movilizaciones ciudadanas. "No hubo actos violentos, sí vandálicos", reconoció.

La declaración de Sánchez se centró en lo sucedido durante el asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat que dificultó la realización de un registro judicial ordenado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en esta dependencia el pasado 20 de septiembre.

Los `jordis´, en prisión preventiva desde el 16 de octubre por orden de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, pidieron declarar ante el juez junto con el exconseller Joaquim Forn para explicarse sobre el fondo de los hechos que se les atribuyen. Forn está en la cárcel desde el día 2 de noviembre.

En caso de que no les sea concedida la libertad, pedirán el traslado a prisiones catalanas y la posibilidad de asistir a las sesiones del Parlament, tal y como ya ha pedido el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

Forn y Sánchez resultaron elegidos en la lista del PDeCAT por Barcelona para el Parlament en las elecciones que se celebraron el 21 de diciembre. El juez Llarena sitúa a los tres imputados que hoy declararon en el eje central de la hoja de ruta para conseguir la independencia de Cataluña y considera que con su actuación alentaron la aparición de tumultos violentos.

El magistrado considera a Forn un elemento fundamental dentro de la supuesta conspiración para la rebelión porque sospecha que ordenó la pasividad de los Mossos d'Esquadra ante las movilizaciones callejeras favorables a la independencia.

Llarena decidió el pasado 4 de diciembre que el exvicepresidente Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los líderes de ANC y Òmnium Cultural siguieran en la cárcel, provisionalmente, para evitar que vuelvan a incitar a una "explosión violenta" en el proceso independentista. Ese mismo día Llarena decidió dejar en libertad bajo fianza de 100.000 euros a seis exconsellers catalanes.